FEMINICIDAS SIN CASTIGO

Cada tres días, una mujer es asesinada en Bolivia. Por lo general, el victimario es el esposo, el cónyuge o la pareja. Pero los efectos de los feminicidios trascienden, pues cientos de familias peregrinan entre juzgados y bufetes de abogados en busca de justicia; el reducido número de sentencias ejecutoriadas, las irregularidades en los procesos y la retardación de justicia se suman a la tragedia de la pérdida.

Desde 2013, año en que entró en vigencia la Ley 348 (Ley Integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia), hasta septiembre de 2021, 870 mujeres han sido asesinadas, a un promedio de 100 por año, según datos de la Fiscalía General del Estado.

El marco normativo no ha logrado frenar el ejercicio de violencia contra las mujeres y las acciones para identificarla, prevenirla, denunciarla y sancionarla son aún insuficientes. Entre 2021 y 2021, el Legislativo y el Ejecutivo crearon y pusieron en funcionamiento dos comisiones cuya prioridad es el seguimiento a los casos de feminicidio.

La del Gobierno —llamada Comisión Nacional de Seguimiento para Casos de Feminicidio (Conascfe) — fue constituida en marzo pasado a través del Ministerio de Justicia, que convocó a nueve abogados especializados en derecho Penal y derecho Constitucional.

El diagnóstico inicial para desarrollar su labor parte, entre otros, de un revelador ejemplo: en 2020, de acuerdo con el Ministerio Público, se registraron 113 víctimas por este delito, de esos hechos, únicamente 12 contaban (hace cinco meses) con sentencia condenatoria, 10 extinguieron por muerte del feminicida, 65 se hallaban en etapa preparatoria y con detención preventiva, 20 en etapa preliminar y seis fueron rechazados.

El equipo de trabajo del Legislativo —denominado Comisión Especial Mixta de Investigación en la Retardación de Casos de Feminicidio y Violencia hacia las Mujeres de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP)— acaba de cumplir un año de trabajo y uno de sus hallazgos es que de 829 feminicidios cometidos en el país entre 2013 y junio de 2021, 509 cuentan con sentencia ejecutoriada y 320 continúan en investigación.

Datos de Feminicidio

El Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe (Cepal) detalló, en 2019, que los países de América Latina con las tasas más altas de feminicidio por cada 100.000 mujeres eran Honduras (6,2), El Salvador (3,3), República Dominicana (2,7) y el Estado Plurinacional de Bolivia (2,1).

Los primeros tres países pertenecen a Centro América, mientras que Bolivia se constituye en la nación con la tasa más alta de feminicidios en Sudamérica, y a pesar de que la Ley 348 incorpora el delito de feminicidio con una condena de 30 años de cárcel sin derecho a indulto para los autores, las familias de las víctimas, en varios de los casos, todavía viven un calvario para encontrar justicia.

Madres y padres y cientos de hijos huérfanos reclaman justicia. Sus historias y dramas son solo una muestra de su indefensión y vulnerabilidad frente a un sistema corrupto, ineficiente e incapaz de ejercer justicia como manda la norma.

El director general de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, informa que en los centros penitenciaros del país se encuentran recluidas 485 personas por el delito de feminicidio y 203 por tentativa de feminicidio, de un total de 18.241 privados de libertad.

Ambas cifras representan el 3,77% de toda la población penitenciaria, que en Bolivia se conforma, sobre todo, por procesados con detención preventiva; el 65.47% del total, es decir 11.725 de los privados de libertad, carecen de sentencia ejecutoriada.

Aun así, los feminicidas, como todos los privados de libertad, pueden acceder a beneficios como la libertad condicional, si cumpliese 2/3 de la condena. Esto quiere decir que un condenado con sentencia de 30 años puede salir a los 20 años y, por ello, la Dirección de Régimen Penitenciario trabaja en la aplicación de un sistema progresivo para la reinserción social

“Todos los pilares de reinserción social hablando de educación, trabajo, cultura, deporte están asignados a todos los delitos, sin exclusión a cualquiera de los sentenciados (…), desde la Constitución nos establece que las personas privadas de libertad son personas de derecho, que el único derecho que han perdido son el derecho a la locomoción, la libre transitividad y todos sus otros derechos están vigentes”, explica la autoridad.

Datos de Centros Penitenciarios

EN BUSCA DE JUSTICIA

Las familias de las víctimas de feminicidio sufren por la retardación de justicia, pues en muchos de los casos pasan días, meses y hasta años peregrinando junto a sus abogados, para que los agresores reciban una condena. Desgaste físico, emocional y económico deterioran sus vidas y muchos terminan por levantar las manos. Estas historias muestran el drama detrás de la tragedia:

Jenny

En 2017, el primer feminicidio de esa gestión se suscitó en la ciudad de El Alto, donde el abogado Diego Jason Q. M., de 31 años, fue acusado de ocasionar la muerte a su enamorada Jenny M., de 21 años, motivo por el cual se le otorgó detención preventiva por 6 meses a cumplirse en la cárcel de San Pedro de La Paz, pero tras ese lapso de tiempo el proceso de investigación avanza lento.

“Se suspenden y se reasignan investigadores, no envían el cuaderno de investigaciones. La parte querellante y las abogadas tenemos que estar todo el día aquí esperando a que se envíe el cuaderno. Yo quiero que me hagan justicia, por eso es que he venido aquí a que me haga justicia, pero no estoy encontrando”, implora la madre de la víctima.

El hecho se suscitó la tarde del domingo 1 de enero de 2017, cuando luego de recibir el Año Nuevo, la pareja sostuvo una discusión y el acusado golpeó a la víctima ocasionándole heridas graves en el cuerpo, que derivaron en su muerte.

Norma

Los familiares de las víctimas de feminicidio no solo sufren la retardación de justicia, también el desgaste económico y emocional que significa llevar un caso en los juzgados, para hallar a los responsables de segar la vida de una madre, una hija, una hermana, tía, prima o amiga.

Norma B.V., de 38 años, fue asesinada en la ciudad de La Paz, pero antes fue torturada y vejada sexualmente, hecho que consternó a la población y que para la familia se convirtió en un viacrucis para hallar justicia.

“Los abogados, lastimosamente, aún nos fallan, y se produce un desgaste económico y psicológico, en mi situación es muy complicado”, cuenta la hermana de Norma, quien fue hallada debajo de su catre, atada de pies y manos en 2020.

“Haga lo que haga (mi hermana) ya no va a volver a este mundo, me ha afectado bastante psicológicamente y más aún la impotencia de que haga lo que haga no hay avances”, se lamenta.

María del Carmen

Personas mayores, del campo, de la ciudad, y también adolescentes que tienen una vida por delante, se convierten en víctimas de feminicidio, tal el caso de María C. R., de solo 15 años, quien fue vejada sexualmente por un grupo de pandilleros y asesinada a sangre fría.

Por este hecho, 21 pandilleros de la Wander Rap, varones y mujeres de entre 14 y 23 años, fueron procesados, de ellos, cinco recibieron la pena máxima de presidio. Omar Alejandro Ordoñez Avilés, alías El Homero; José Alfredo Yáñez Andia, El Camba; Martín Taraña Cruz, El Matu; Sergio Pinto Torrico, El Gaucho, y José Richard Veizaga Arias, El Joseito, fueron sentenciados a 30 años de cárcel.

Pese a la sentencia, la jueza Mirtha Montaño ordenó la libertad de Omar Ordoñez, quien debía presentarse en una segunda instancia, pero nunca más apareció, se dio a la fuga y la madre de la víctima, Pilar R., tomó la decisión de encadenarse en puertas del Tribunal de Justicia, pues el feminicida de su hija había escapado.

“Ella busca justicia desde hace seis años, el principal feminicida consiguió salir en libertad y se dio a la fuga, la fiscal departamental de Cochabamba se excusa, y el feminicidio de María queda en nada, son seis años que esta madre está peregrinando por justicia, el feminicida se ha dado a la fuga”, recalca el abogado defensor.

Karen

A Karen C. aún no le hicieron justicia. Han pasado casi siete años desde que se abrió el proceso (2014) y el juicio no termina, ahora está en fase de revisión en el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), a pesar de que se tienen las suficientes pruebas de que fue víctima de feminicidio.

Debe ser una de las muestras más mediáticas de la retardación de justicia que parece regla en la justicia boliviana. Jheysen V. la estranguló en la ciudad de Sucre, ella era su enamorada por más de siete años y el agresor huyó a su patria creyendo que iba a evadir la cárcel, pero se equivocó y ahora está tras las rejas, desde que la Interpol lo capturó en Trujillo y lo entregó a las autoridades bolivianas.

En 2018, un tribunal lo encontró culpable del feminicidio de Karen, y le impuso 30 años de cárcel sin derecho a indulto, pero su sentencia no está ejecutoriada, o sea, puede ser modificada y la condena rebajada.

Después de “chicanería jurídica”, dilatar el proceso y generar más acciones judiciales, la defensa del acusado presentó un amparo constitucional y “el expediente sigue abierto, continuamos esperando la resolución del TCP, porque un tribunal de garantías le ha dicho que se han vulnerado algunos de sus derechos en el proceso penal”, lamenta Hortensia Gorostiaga, abogada del centro Juana Azurduy.

Casos como estos han sido identificados por la Comisión Especial Mixta de Investigación en la Retardación de Casos de Feminicidio de la ALP. La diputada del Movimiento al socialismo (MAS), Estefanía Morales, presidenta de la Comisión, informó que al menos en 87 casos de feminicidio los familiares solicitaron auditoria jurídica por retardación de justicia.

(Time Line para Instagram)

FAMILIAS REVICTIMIZADAS

Así, las familias de mujeres asesinadas también se convierten en víctimas, pues la retardación de justicia, la corrupción y los procesos que se alargan por una u otra situación, se fusionan con el ascenso constante de casos que vive el país, y mientras una familia se moviliza e invierte sus recursos para hallar justicia, ya existe otra que comienza el mismo proceso por un nuevo caso de feminicidio.

Cada vez que las mujeres conmemoran algún acto de no al maltrato, no a la violencia o similares, las protestas se asemejan: Hay un visible cansancio de peregrinar por justicia, de recibir una atención ineficiente y cargar no solo con el dolor de haber perdido a un ser querido, sino con todo lo que se dejó: hijos, deudas, amenazas, dolor y otros.

En esa línea, muchas instituciones han ido forjando su rumbo a coadyuvar a las familias víctimas de feminicidio, tal el caso de la Alianza por la Solidaridad, de la Cooperación Suiza, que creó el programa “Vida sin Violencia”, el cual, entre otros, busca articular y fortalecer capacidades e iniciativas innovadoras para brindar asistencia a las familias que sufrieron este flagelo.

Además, suscribieron convenios con autoridades de más de 120 municipios y universidades para realizar campañas de prevención, con las que lograron llegar a más de 68.000 personas y concientizar sobre los hechos de violencia.

Pero su misión no acaba ahí, pues también crearon un consultorio virtual para analizar, indagar o conversar sobre distintas temáticas referentes a la prevención de violencia hacia la mujer.

“La violencia contra la mujer se ha incrementado, 9 de cada 10 mujeres han vivido en los últimos doce meses algún episodio de violencia intrafamiliar”, patentan desde las Juanas, como se las llama coloquialmente a quienes trabajan en el Centro Juana Azurduy, organización no gubernamental con sede en Sucre.

Otra de las organizaciones que trabaja con las familias de las víctimas, es la fundación “Voces Libres”, y a través de la abogada Mercedes Cortez, se revela la preocupación que tienen las instituciones, sobre todo por las niñas y los niños que quedaron huérfanos.

“Estos niños han pasado por todo esto y muchos ni si quiera tienen una familia ampliada con quienes quedarse, y nadie se pregunta si están comiendo, si están estudiando, el estado de su salud o que ha sido del destino de los pequeños”, manifiesta con preocupación.

No termina con el feminicidio, sino que comienza un calvario para los que quedaron y por ello los colectivos exigen soluciones factibles, pues los vacíos de obligación del Estado los asumen ellos, y no tienen cabida completa como la que se debería generar.

En cuanto a los privados de libertad, el director Juan Carlos Limpias, señala que la administración penitenciaria también parte como un aporte para la sociedad, teniendo “un estudio que coadyuve a la prevención a la ciudadanía respecto a los feminicidas”, y que sus testimonios, acciones y otros que han derivado al extremo de violencia sirvan para evitar “futuros feminicidios”.

LA SOLUCIÓN QUE SE HACE ESPERAR

“Ni golpes que hieran ni palabras que duelan”, señala la diputada Morales. El equipo de legisladores con el que trabaja para presentar, en diciembre de esta gestión, planteamientos para soluciones integrales que permitan atender a las familias de las víctimas de feminicidio, pero sobre todo, mejorar el sistema judicial para evitar la retardación en estos casos.

Esta Comisión ha realizado encuentros territoriales para escuchar las demandas de los familiares de las víctimas, pero también recoger las sugerencias para la atención y el seguimiento de los casos, tanto para dar sentencia y que los agresores no queden en la impunidad, como para brindar asistencia a aquellos que quedaron.

La violencia contra la mujer, que a su vez deriva en el feminicidio, es un fenómeno global, y precisamente esta Comisión creada en la Asamblea Legislativa, trabaja para prevenir y sancionar la violencia hacia la mujer.

Actualmente, la Comisión realiza el trabajo preventivo y el control y seguimiento a las 87 denuncias que de retardación de justicia en hechos de feminicidio. “Los miembros de la Comisión y las tres bancadas (Comunidad Ciudadana, CREEMOS y el MAS estamos trabajando porque la lucha contra la violencia de género no tiene color político”, señala la autoridad.

A la fecha, la Comisión tiene como recomendaciones base fortalecer la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV), con personal especializado en perspectiva de género; implementar los Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) en los nueve departamentos; implementar un programa integral de prevención de la violencia en el sistema educativo plurinacional y reactivar el gabinete especial de lucha contra la violencia hacia la mujer y la niñez, entre varios otros que pretenden presentar el mes de diciembre, cuando haya concluido todo su estudio con datos certeros de los nueve departamentos del país.

Porque quien ama, no mata, no humilla, ni maltrata.

Este es un reportaje de Gustavo Gandarillas, para Go Communication Bolivia y la Fundación para el Periodismo

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